Hemos empezado los trabajos de ampliación y mejora de la instalación de PCI en un centro educativo, que consisten en dotar de un grupo de presión y depósitos de agua contraincendios y en la ampliación y modernización de la instalación de las Bocas de Incendios Equipadas (BIE).
Para asegurar el correcto funcionamiento de una instalación contra incendios y detectar posibles averías antes de que se produzcan, es fundamental el mantenimiento de las instalaciones, que se centra fundamentalmente en la revisión de los grupos de presión y los sistemas PCI con los que están conectados.
El grupo de presión contra incendios proporciona el caudal de agua necesario para los sistemas de protección contra incendios y debe ser capaz de entregar la presión necesaria en el momento justo en que se necesita. Dependiendo del riesgo, la reserva de agua se calibra para proporcionar el caudal requerido durante una o incluso dos horas.
Además, las BIEs también han revisarse para garantizar su funcionalidad, y su mantenimiento debe realizarlo una empresa mantenedora autorizada y registrada como MAT, según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI).
Además del RIPCI, que es la normativa que se utiliza como referencia en el mantenimiento de las instalaciones contra incendios y hace mención a las normas UNE que desarrollan las condiciones técnicas para el diseño e instalación de los sistemas, destacamos la UNE 23500 sobre los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Estos elementos forman parte de un completo equipamiento de protección contra incendios en el que se incluyen, entre otros, una adecuada dotación de extintores en las distintas dependencias del centro y un moderno sistema de detección y alarma de incendios
La legislación insiste en la importancia de estas revisiones, las cuales deben cumplir con su correcta periodicidad y cuyas actas, después de realizarse las tareas de mantenimiento y comprobado el estado tanto de las BIEs como del resto de las instalaciones, deben estar siempre a disposición de los servicios autonómicos del área de industria durante un periodo mínimo de cinco años.
